Conforme fue avanzando la construcción de San Patricio fue haciéndose más evidente el conflicto de la jurisdicción eclesiástica con la civil, o lo que es lo mismo, de la oligarquía lorquina con el abad y el cuadro de canónigos de la Colegial. Era un choque lógico entre demarcaciones de poder distintas, de la intersección de dos conjuntos diferentes en cuanto a contenido y contrapuestos en cuanto a objetivos que, aunque aparentemente independientes, estaban íntimamente conectados más de lo que se pudiera apreciar a simple vista. El patronato político económico que ejercía el concejo lorquino se formalizaba a través de desembolsos de dineros, de acudir a todas las influencias posibles a nivel de la corte o del papado a fin de que la construcción siguiera adelante. En teoría, esto le debía de dar algunos derechos y privilegios, a veces exagerados, que no podían por menos chocar con el patronazgo religioso que el propio templo y su estatus institucional generaba. Los conflictos más sonados, aunque surgieran por motivos nimios, fueron los que tuvieron como punto de fricción la disputa de los espacios destinados a enterramientos, sin rebajar el grado del sonido provocado por los conflictos de preeminencias y de jurisdicciones en otras facetas de la vida social.
Y la verdad es que a la luz de los documentos al concejo lorquino no le faltó razón desde los primeros momentos. En la primavera de 1531 llegaron los primeros aprietos económicos en el proyecto de construcción de San Patricio puesto que había que hacer un desembolso inmediato en Roma de 1.000 ducados para poder seguir hablando del despacho de los permisos necesarios. No fue fácil reunir la cantidad, no por el montante en sí sino porque las opiniones de las principales familias oligárquicas estaban muy divididas. Había personajes como Alonso de Leiva, que cada día que pasaba sin despacharse las licencias correspondientes le parecía una eternidad, que en un ataque de ira incluso llegó a amenazar al alcalde mayor, prometiendo que él obligará su persona y bienes, y dará fianzas para ello, de pagar todo lo que la ciudad pudiere arriesgar en ello.
A su postura se unieron otros regidores, como Bartolomé Navarro de Guevara ―su consuegro, pues era suegro de su hijo Diego de Leiva, en quien en 1536 don Bartolomé renunciaría su oficio de regimiento–, y de manera espontanea Juan Leonés, Juan de Guevara y Pedro Leonés Ponce. Se trataba, por tanto, de una parte significativa de la oligarquía lorquina de este momento, puesto que eran nada más y nada menos que 5 regidores de la ciudad que poseían un evidente peso específico en los asuntos tratados por el gobierno concejil. [source]
As the construction of San Patricio progressed, the conflict of the ecclesiastical jurisdiction with the civil jurisdiction, or what is the same, of the Lorca oligarchy with the abbot and the cadre of canons of the Colegial became more evident. It was a logical clash between different demarcations of power, of the intersection of two different sets in terms of content and opposed in terms of objectives that, although apparently independent, were intimately connected more than what could be appreciated with the naked eye. The political and economic patronage exercised by the Lorca council was formalized through money disbursements, resorting to all possible influences at the court or papacy level in order for the construction to go ahead. In theory, this should have given him some rights and privileges, sometimes exaggerated, that could not help but clash with the religious patronage that the temple itself and its institutional status generated. The most notorious conflicts, although they arose for trivial reasons, were those that had as a point of friction the dispute over the spaces destined for burials, without reducing the degree of the sound caused by the conflicts of preeminences and jurisdictions in other facets of social life .
And the truth is that in light of the documents, the Lorca council was right from the start. In the spring of 1531, the first financial difficulties came in the construction project of San Patricio since it was necessary to make an immediate disbursement in Rome of 1,000 ducats to be able to continue talking about the dispatch of the necessary permits. It was not easy to gather the amount, not because of the amount itself but because the opinions of the main oligarchic families were very divided. There were characters like Alonso de Leiva, who each day that passed without issuing the corresponding licenses seemed like an eternity, who in a fit of anger even threatened the mayor, promising that he would oblige his person and property, and give bonds for it. , to pay everything that the city could risk in it.
Other councilors joined his position, such as Bartolomé Navarro de Guevara - his father-in-law to him, since he was father-in-law of his son Diego de Leiva, in whom in 1536 Don Bartolomé would resign his office of regiment - and spontaneously Juan Leonés, Juan de Guevara and Pedro Leonés Ponce. It was, therefore, a significant part of the Lorca oligarchy at this time, since they were no more and no less than 5 city councilors who had an evident specific weight in the matters dealt with by the council government.
